El Departamento de Estudios Políticos de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), destacó hoy en su informe “El Salvador. Año Político, junio de 2016 – mayo de 2017”, que durante el tercer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los salvadoreños y el principal déficit de su administración.
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De acuerdo con el investigador de FUSADES, Guillermo Miranda, a pesar que hay una reducción en los homicidios, la seguridad pública en el país no ha mejorado.
"No es posible hablar de normalización de la situación de seguridad pública y tampoco observamos una política sostenible en el largo plazo", aseguró.
Miranda señaló que una de las principales apuestas de la gestión de Sánchez Cerén en materia de seguridad, ha sido tener un mayor control en el sistema penitenciario, sin embargo dijo que estas medidas han sido cuestionadas por entidades nacionales e internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos de los internos.
El investigador también se refirió a casos de violación de derechos humanos del Estado salvadoreño en operativos miliares y policiales, y también a la disminución en planilla policial debido a las detenciones y suspensiones por de agentes por participar en hechos delictivos y las renuncias de policías por amenazas.
En cuanto a la deportación de personas con antecedentes penales, Fusades indicó que esto podría afectar la seguridad pública.